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El Comité Ejecutivo Popular ratificó anoche la decisión de denunciar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades de Asuntos Sociales

El Comité Ejecutivo Popular ratificó anoche la decisión de denunciar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades de Asuntos Sociales

 El Comité Ejecutivo Popular de Camargo ratificó anoche por unanimidad la decisión de denunciar ante la Fiscalía las irregularidades del Departamento de Asuntos Sociales en la gestión del reparto de alimentos y ayudas económicas municipales a las familias necesitadas  La decisión se adoptó tras el informe oficial de los técnicos que ,dice el PP, “desvela irregularidades en el inventario de alimentos y desigualdades entre los beneficiarios del servicio que reciben o no lotes y cantidades económicas  en función de la decisión del Concejal responsable”.

El exalcade de Camargo y actual Portavoz Popular Diego Movellán ha explicado que a partir de este momento será la Fiscalía la que inicie una investigación sobre la comisión de presuntas vulneraciones de la Ley de Protección de Datos, arbitrariedad en el reparto de alimentos y de vales canjeables por los mismos, así como en la concesión sin informe técnico y a criterio exclusivo del Concejal de cantidades económicas por concepto de Ayudas de urgente necesidad “de este modo, el organismo judicial podrá recabar informes que no se facilitan a este Grupo”.

El Comité Ejecutivo respaldó anoche igualmente la intención de Movellán de convocar un Pleno Extraordinario monográfico en el que el equipo de Gobierno de Esther Bolado en el que se integra el edil expulsado de Ganemos Marcelo Julián Campos Pérez deberá explicar su gestión de los recursos públicos en el área de Servicios Sociales. Este será el tercer intento de los Populares por forzar la rendición de cuentas de esta área ha dicho Movellán“Un ataque de ansiedad en mitad de un Pleno Municipal y una baja médica horas antes de la comparecencia en Comisión abortaron las dos intervenciones del Concejal a requerimiento de los Populares y sin que la Alcaldesa supliera a éste en la aportación a los vecinos de las explicaciones oportunas”.

Movellán ha señalado que si bien se venía teniendo conocimiento a través de testimonios de los usuarios y de los voluntarios que colaboran en la distribución de lotes de alimentos del “extraño” funcionamiento de los Servicios Sociales desde la toma de posesión de Esther Bolado, no ha sido posible actuar hasta que se ha tenido acceso al informe oficial que  los técnicos del área registran el 23 de noviembre dirigido al Secretario Municipal y en el que se denuncian situaciones que alertan de la vulneración de los derechos de los usuarios del sistema de distribución de la solidaridad municipal.

DATOS DEL INFORME TÉCNICO

En cuanto a  reparto de alimentos, el informe dice que “la periodicidad con la que se realiza el mismo no puede estar sometida a la arbitrariedad del concejal de área” que se “deben respetar las mismas condiciones para todas las familias incluidas en este programa” y alerta de situaciones de doble reparto “a algunas familias a criterio del Concejal mientras otras reciben solo el reparto oficial”.

El informe recoge que el nuevo “sistema implantado por el Concejal” supone que éste realiza directamente los repartos sin tener en cuenta a los técnicos está generando confusión  y dándose casos según se relata de entregas a personas que pudieran no estar justificadas por distintos motivos como que haya finalizado la causa que dio origen a las dificultades económicas del beneficiario, haya éste comenzado a percibir otras ayudas etc. Además, denuncian que las personas que reciben alimentos a criterio exclusivo del Concejal pueden volver a recibirlos en fechas inmediatas dentro de los repartos periódicos establecidos generándose así situaciones de falta de equidad en el trato a los ciudadanos.

Los técnicos de la casa Altamira han expresado que el Concejal se nutre para sus repartos personales del mismo stock del que se nutren los repartos programados oficialmente. Ello lleva a la imposibilidad de controlar las existencias de la despensa que abastece a los camargueses sin recursos, un stock de material en buna medida adquirido con fondos públicos y del que a día de hoy no existe un inventario que permita saber con qué alimentos se cuenta. Los alimentos se almacenan en una nave de Trascueto, desde donde se realiza la entrega oficial y de la que Marcelo Campos retira “y suponemos que reparte”  sin que se conozca cuantos o cuales alimentos ni cuál es su destino final.

Movellán ha recordado en este sentido que ya en el mes de octubre reclamó a la alcaldesa que se facilitara un inventario de estos bienes.

Los técnicos denuncian también que el reparto de vales canjeables por alimentos en Eroski sea realizado también directamente por el Concejal y alertan de un hecho “de una gravedad sin precedentes” que el reparto de alimentos y vales se esté realizando además “por parte de personal ajeno al servicio,  puesto que vulneraria la Ley de Protección de datos, y los derechos al  honor y a la propia imagen de los usuarios expuestos en colas durante horas a la mirada de los trabajadores municipales y de los vecinos que realizan sus gestiones en el Ayuntamiento algo que según manifestó Movellán, hemos podido comprobar personalmente durante días.

El informe detalla “la amenaza que supone para los usuarios que los Servicios Sociales de Atención Primaria  sean directamente gestionados por un político usurpando funciones de personal técnico por las posibles connotaciones políticas que ello pudiera generar”.

En cuanto a las Ayudas económicas para casos de urgente necesidad, dinero público que contribuye a evitar que las familias camarguesas caigan en situaciones de pobreza energética o pierdan el derecho a habitar una vivienda por impagos de alquiler o hipotecas, los técnicos reclaman que la concesión de esas ayudas no se produzca por parte del Concejal sin estar justificadas por un informe técnico. Se trata según detalló Movellán “de ayudas que pueden llegar a 6.000 euros en un año y cuya concesión  está siendo investigada”.

Los técnicos han denunciado igualmente por escrito la constante intervención del Concejal dando órdenes de priorizar la atención a personas y casos que él decide unilateralmente obligándose así a postergar la atención a casos que los técnicos estiman prioritarios. Este sistema personalista y arbitrario está bloqueando la fluidez del servicio y generando listas de espera de más de 20 días para que sean atendidos casos de emergencia.

“Lamentable y profundamente irresponsable”, con estos calificativos se refieren los técnicos a la gestión que el Concejal Marcelo Julián Campos, que fuera clave para la investidura de Esther Bolado como Alcaldesa, está realizando del personal de la Casa Altamira, sede de Servicios Sociales.

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Modificado por última vez enMartes, 19 Enero 2016 14:09
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