La jueza del caso Ecomasa, ha citado a declarar en calidad de investigado al director de la fábrica de estufas de Maliaño (Nestor Martin), Mario Palacio, por un presunto delito de fraude de subvenciones, falsedad documental y estafa agravada, tal y como solicitó el fiscal a la vista de las irregularidades detectadas en la justificación de la subvención de 190.000 euros concedida por el Servicio Cántabro de Empleo a Ecomasa (EWI) para cursos de formación.
Paralelamente, la abogada de los trabajadores, Maite Ortíz, ha presentado recurso de apelación para que sea la Audiencia Provincial quien se pronuncie sobre la ampliación a Teka de la querella interpuesta por el comité de empresa de Ecomasa, después de que la jueza instructora del caso desestimara el pasado 15 de febrero la admisión a trámite de la misma, en la que se pide la imputación de tres directivos de Teka.
La abogada de los trabajadores ha confirmado que también va a recurrir el archivo, acordado por la jueza esta semana, de parte de la causa contra los propietarios de Ecomasa, Jesús Lavín y Andrés de León, en concreto la relacionada con los 3,2 millones de euros aportados por Teka a EWI. Lo que los trabajadores no han decidido aún es si recurrirán o no el archivo de la causa contra la anterior directora del EMCAN.
Mientras tanto, continúa la instrucción contra los dos propietarios de Ecomasa por supuesto delito societario, en relación con el destino de los 18 millones de dinero público que recibieron desde 2012 del Gobierno de Cantabria, y por fraude de subvenciones, falsedad documental y estafa agravada en la justificación de los cursos de formación.
NUEVAS DILIGENCIAS
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha dado curso a las nuevas diligencias solicitadas en relación a estos cursos de formación. La magistrada ha exonerando esta semana al director de la fábrica de estufas del delito de coacciones del que le acusaban los trabajadores, al no quedar acreditado que les presionara para firmar los partes de asistencia a los cursos y modificar los cuestionarios de satisfacción para cobrar la subvención del EMCAN, como denunciaban en la querella.
Sin embargo, ahora la jueza le vuelve a investigar por un posible fraude de subvenciones, falsedad documental y estafa agravada en la justificación de la subvención, y lo hace a petición del fiscal, que entiende que Palacio jugó "un papel especialmente relevante" junto a Lavín y de León, dado que fue quien firmó toda la documentación presentada ante el EMCAN.
Además de la declaración en calidad de investigado del director de la fábrica, que ha sido citado para el 8 de marzo, se ha requerido a la Fundación del Metal para que informe sobre si el material didáctico arrendado que obra en las facturas unidas a los expedientes de cada uno de los cursos fue efectivamente entregado y restituido a EWI y en qué fechas.
Igualmente, se pide a la empresa Mahenor que justifique la fecha de entrega efectiva e instalación de la maquinaria vendida a EWI, los contratos de venta y en su caso asistencia técnica derivados de dicha venta, y la razón de que se realizase contrato aparte para la formación encomendada a dos personas si la enseñanza en el uso de la maquinaria según éstas iba incluida en el precio de venta.
En el escrito del fiscal, se señala que las diligencias practicadas hasta el momento en relación con la subvención por importe de 190.000 euros abonada a EWI, han puesto en evidencia "graves discrepancias, cuando no total oposición", entre lo justificado como gasto subvencionable por la empresa ante el Servicio Cántabro de Empleo, "y la realidad de las actividades formativas realizadas".
Según el fiscal, tres testigos han negado siquiera conocer su condición de profesores designados para tales cursos, y han corroborado que no impartieron formación en los horarios y con los contenidos justificados para obtener la subvención. Otros dos han declarado que impartieron cierta formación pero sin el contenido ni duración justificados por EWI.
Además, en la justificación se han imputado como gastos del curso a subvencionar, y precisamente como la mayor partida, la adquisición de materiales "evidentemente productivos que, difícilmente se pueden haber destinado a la impartición de curso alguno entre diciembre de 2012 y enero de 2013, sino más previsiblemente a la posterior actividad productiva de la planta".
El fiscal detecta en estos hechos indicios de estafa agravada vinculada a fraude de subvenciones al entender que se ha producido desplazamiento patrimonial, engaño bastante, ánimo de lucro y perjuicio ajeno.
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