Los ayuntamientos de Cantabria, como el de Camargo, podrán sumarse a los contratos marco que el Gobierno autonómico mantiene para los suministros y servicios corrientes, con el fin de rentabilizar sus gastos.

Así se lo ha transmitido la consejera Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, al alcalde de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera, quien se ha interesado por esta medida para ahorrar gastos en el ayuntamiento.

La consejera ha recordado que el Gobierno mantiene acuerdos marco en vigor relativos al suministro de electricidad, servicios postales, archivos, material de oficina, impresoras y seguros de vehículos.

Fernández Viaña ha resaltado las ventajas de sumarse a esta contratación integrada de servicios con el Ejecutivo, tanto por la simplificación de los procedimientos como por el ahorro de costes para los ayuntamientos más pequeños de Cantabria, tal y como sucede con la plataforma de Administración Electrónica que el Gobierno de Cantabria ha puesto a disposición de los municipios.

San Vicente de la Barquera, según ha avanzado su alcalde, estudiará su inclusión en esta plataforma, donde los ayuntamientos disponen de una sede electrónica personalizada para la relación con la ciudadanía y de un portal web de tramitación para su personal, en aras de una gestión integral de los procedimientos y expedientes por medios electrónicos.

Del mismo modo, se asiste a los ayuntamientos con un centro integral de atención al usuario y una red de telecomunicaciones de banda ancha, que el Gobierno regional ha ofertado para que puedan implantar con fiabilidad los servicios de la administración electrónica.

Por último, se ha abordado la mejora del camino rural del Hoyo, un proyecto pendiente de ejecutarse y que cuenta con apoyo económico del Gobierno regional.

El alcalde de San Vicente de la Barquera ha acudido a este encuentro acompañado de los tenientes alcaldes y concejales del Ayuntamiento, África Álvarez y José Luis Noriega.

Los ayuntamientos cántabros, entre ellos Camargo, podrán solicitar desde este viernes y hasta el 29 de diciembre las ayudas por 26.725.000 euros convocadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la financiación de obras públicas municipales entre los años 2018 y 2020.

La convocatoria de este plan de ayudas para obras municipales, que se aprobó el pasado jueves en el Consejo de Gobierno y se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), busca no sólo impulsar la obra pública en la región y mejorar la vida de los vecinos de toda la comunidad vivan donde vivan, sino también generar empleo, ya que se espera que se puedan crear hasta 2.000 empleos con la ejecución de los diferentes trabajos.

La inversión inducida con estas ayudas se estima que alcanzará los 40 millones de euros, de los cuales el Gobierno sufragará casi 27, montante con el que la administración regional aportará el 70% de las inversiones y los ayuntamientos el 30% restante --hasta el momento era 80%-20%-

Para la cuantificación de las ayudas ha primado la población como otras ocasiones, pero también se han tenido en cuenta otros factores como la dispersión de la población o la extensión del municipio.

Así, las cuantías van del mínimo de 100.000 euros para Tresviso, que es el municipio más pequeño, hasta el millón de euros para la capital cántabra, Santander. A Camargo le corresponden 600.000 euros. Para este reparto se ha realizado una ponderación entre el número de habitantes y la superficie para otorgarle a cada localidad una cantidad equitativa.

Entre las novedades de la convocatoria destaca que los pagos de las obras municipales se efectuarán íntegramente entre 2019 y 2020, cuando las actuaciones vayan finalizando.

También está previsto apoyar a los ayuntamientos para iniciar los proyectos mediante pagos a cuenta por adelantado de 10.000 euros en 2018, el 40 por ciento en 2019 y el resto en 2020.

Los ayuntamientos podrán presentar un máximo de tres proyectos visados relacionados con alumbrado público, pavimentación de las vías públicas, parques e instalaciones de uso público, edificios públicos tanto destinados al uso general como al funcionamiento operativo de los servicios, urbanización, accesos a núcleos de población, accesibilidad en espacios públicos y otras infraestructuras públicas de competencia municipal.

Quedan excluidas las obras de infraestructuras de educación, sanidad, deportivas y las correspondientes al ciclo del agua (abastecimientos, saneamientos y depuración), porque la convocatoria se centrará en subvencionar "obra civil y edificación".

Los gastos subvencionables deberán realizarse en el período comprendido entre la fecha de adjudicación de cada contrato y el 31 de octubre del 2019.

La fecha de publicación o convocatoria de licitación de cada proyecto deberá ser posterior a la publicación del Decreto en el Boletín Oficial de Cantabria. La fecha de adjudicación de cada contrato tendrá como fecha límite el 30 de junio de 2018.

El presidente de la FEMP (Federación española de Municipios y Provincias), Abel Caballero, ha exigido este martes medidas al Gobierno para resarcir "al cien por cien" los costes que generarán en las arcas municipales la decisión del Tribunal Constitucional de anular parcialmente el impuesto de plusvalía municipal, y ha propuesto dos vías para dar cumplimiento a la sentencia.

"No puede ser que un coste legislativo lo soporten los ayuntamientos", ha reivindicado el presidente de la Federación, quien ha pedido celeridad al Gobierno para resolver "en unas semanas" el "vacío legal" existente tras la decisión del Constitucional.

Así, Caballero ha exigido que el impuesto se "restablezca" a los ayuntamientos para que se resarza al "cien por cien" las devoluciones del impuesto que determinen los tribunales a raíz de la sentencia.

Preguntado por las estimaciones de los consistorios, ha evitado dar una cifra, entendiendo que "si hay que hacer algún cálculo, lo tendrá que hacer Hacienda", aunque posteriormente ha apuntado a que según datos de dicho Ministerio en 2016 se recaudaron en torno a 2.000 millones de euros con este impuesto.

El Alto Tribunal considera que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo" computable entre un año como mínimo y 20 años como máximo.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Federación, Caballero ha llamado a ponerse "en lugar de los ciudadanos" que pagaron un impuesto que ahora ha sido anulado parcialmente y declarado inconstitucional, si bien entiende que "no puede ser" que el coste financiero de esa eventual devolución tenga que "ser sufragado por los ayuntamientos".

PROPUESTAS PARA UNA REFORMA

Para ello, la Federación ha propuesto dos líneas de actuación para resolver la situación de indefinición en torno a un impuesto estatal que recaudan los ayuntamientos. Según Caballero, se podría impulsar una reforma del impuesto fijando una base liquidable con criterios objetivos, esto se concretaría con la creación de un índice anual por parte del catastro de la evolución del valor de los suelos urbanos. "Podría haber aumento o disminución, de tal modo que este índice reflejaría la evolución del mercado, siendo positivo o negativo", ha apuntado.

"Cada año diría si el valor del suelo en una determinada zona del país ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido", ha explicado el regidor vigués, entendiendo que este mecanismo resolvería la indefinición que señala el Constitucional.

La segunda propuesta de la FEMP sería "subjetiva" e implicaría aplicar una "base imponible para ser gravada", que según Caballero sería "la plusvalía real: el valor de venta menos el valor de compra". El impuesto gravaría si el valor es mayor y no gravaría en caso de una minusvalía, ha señalado.

En todo caso, el alcalde de Vigo ha reiterado que este vacío legal tiene que resolverse pronto por lo que ha pedido al Gobierno que envíe una proyecto de ley para que "el Congreso pueda legislar en plazo de semanas".

"Si me apuras en el mes de junio", ha remachado.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha confirmado el consenso parlamentario y 'acuerdo político' (que habrá de plasmarse en los Presupuestos Generales si se aprueban) para que los 8.125 ayuntamientos con superávit -entre los que se encuentra Camargo- puedan gastar 7.000 millones que acumulan como remanente de tesorería y que, sin embargo, en cumplimiento de la regla de gasto y 'estabilidad presupuestaria', hasta ahora no pueden ejecutar.

Caballero ha informado a los medios de que, tras reunirse el lunes con las cuatro principales fuerzas parlamentarias --PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos--, todas ellas "estuvieron en completo acuerdo" con las reivindicaciones de las corporaciones locales.

"Tenemos el visto bueno de los cuatro grupos, una gran mayoría, casi unanimidad en el Congreso, para poder reinvertir 7.000 millones de euros de superávit de 8.125 ayuntamientos", ha asegurado Caballero, que ha calificado este acuerdo como "un gran avance".

"Vamos a generar empleo, vamos a hacer más política social y vamos a seguir mejorando las ciudades", ha asegurado el alcalde de Vigo.

La autorización para poder ejecutar los remanentes de tesorería que por cumplimiento de la regla de gasto estén inmovilizados en las corporaciones con cuentas saneadas llegará a través de los Presupuestos Generales del Estado, obviamente siempre que se aprueben.

EL PP ACEPTA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Así, Caballero ha explicado que tanto PP, PSOE y Unidos Podemos presentaron enmiendas en este sentido, y que Ciudadanos le ha anunciado su intención de sumarse a esta posición, apoyando la modificación propuesta por el PP.

Entre sus enmiendas al proyecto de Presupuestos, el PP se mostraba dispuesto a permitir que los ayuntamientos que contaran con superávit pudieran ejecutar en 2017 inversiones financieramente sostenibles, sin la obligatoriedad de que éstas se gastaran íntegramente este año, extendiendo el plazo hasta 2018.

EN CANTABRIA EL PREC PRESENTA MOCIONES EN AYUNTAMIENTOS PARA "INVERTIR" LOS REMANENTES DE TESORERÍA EN "DEMANDAS DE LOS VECINOS"

PIDE "CAMBIAR" LA NORMATIVA ESTATAL PARA QUE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES CÁNTABRAS "PUEDAN DISPONER" DE MÁS DE 70 MILLONES

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha comenzado la presentación de mociones en los ayuntamientos para que éstos puedan "invertir" los más de 70 millones de euros que tiene acumulados para "hacer frente a las demandas de los vecinos" en mejora de las infraestructuras municipales o en ayudas sociales, educación, seguridad y gratuidad de servicios públicos, entre otros.

De este modo, ya se han presentados en los ayuntamientos de Colindres, Soba, Meruelo y Santillana del Mar, informan los regionalistas en un comunicado, en el que indican que los ayuntamientos han gestionado bien y ahorrado durante estos años de crisis, lo que les ha permitido tener unas cuentas saneadas y recudir el desfase del déficit del resto de las administraciones.

De hecho, subrayan que la "mayoría" de los consistorios han caracterizado su gestión por "la austeridad en el gasto", lo que les permite "gozar" de una situación económica "estable" y "cumplir" con las reglas de estabilidad presupuestaria.

Por ello, los representantes del PRC en los ayuntamientos de Cantabria abogan por el cambio en la normativa estatal, con el objeto de poder "utilizar" los remanentes positivos de tesorería, "con las cautelas jurídicas y económicas necesarias" para la realización de "actuaciones financieramente sostenibles", como saneamientos, alumbrados, rehabilitación de edificios, así como en ayudas sociales, educación, seguridad o gratuidad de servicios públicos a nuestros mayores, entre otros.

También, consideran que estos remanentes deben quedar "excluidos" de la realización de planes económicos financieros y no se debe considerar gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida y con el único límite de no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria.

Además instan a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a que se realicen las modificaciones legislativas oportunas para "autorizar" a los municipios a modificar la cuantía de su techo de gasto en función de los ingresos reales que se obtenga durante el año.

La presentación de estas mociones se suma a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, que fue apoyada por todos los grupos, y a la propuesta defendida por los alcaldes regionalistas en la Federación de Municipios de Cantabria en diciembre de 2016, para que "todos" hicieran un "frente común" para "instar al Gobierno de la nación a modificar la legislación estatal de forma que se regule la utilización por los ayuntamientos de los remanentes positivos".

Por ello, los regionalistas permanecerán atentos a que el acuerdo alcanzado por PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en Madrid, anunciado por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se vea plasmado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.