El comité de empresa y la dirección de Ferroatlántica han acordado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) para la planta de Boo de Guarnizo (junto a Camargo) se aplique hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable si así lo acuerdan ambas partes, y afecte a un máximo de un 75% de la jornada anual. Recordamos que inicialmente la empresa planteaba aplicarlo hasta final de 2024 y al 90% de la jornada

Estas condiciones, alcanzadas en la reunión que mantuvieron este lunes los representantes de los trabajadores y la dirección, suponen una reducción con respecto a la propuesta que planteaba inicialmente la compañía, que pretendía extender el ERTE un año más, hasta diciembre de 2024, y aplicarlo al 90% de la jornada.

En el encuentro, el quinto que han celebrado las partes para definir el ERTE tras los de los días 24 y 27 de octubre y 3 y 7 de noviembre, se ha fijado que la compañía abonará a los empleados afectados el 90% del salario bruto y el 100% de las pagas y vacaciones, según han informado a Europa Press fuentes del comité de empresa.

Entre otras condiciones, se ha acordado también la posibilidad de excedencias voluntarias de mutuo acuerdo y excedencias por el cuidado de menores por 1.200 euros brutos al mes, sin cotizar a la Seguridad Social durante la vigencia del ERTE, así como anticipos de las prestaciones por desempleo.

Además, se convocará la comisión de seguimiento del ERTE de forma cuatrimestral, se excluirá a los jubilados parciales y se aplicará con un preaviso de 48 horas.

En encuentros anteriores, Ferroatlántica trasladó al comité que la planta de Boo --que tiene parados todos sus hornos desde agosto por el elevado precio de la energía-- estuviera parada lo que queda de 2022 y en 2023, con una afectación del 90%. Además, planteó poner un solo horno en funcionamiento en 2024, con una afectación del 60%, un punto que aún se desconoce si se mantendrá.

También con anterioridad a la reunión de ayer, la empresa había informado a los sindicatos de que el ERTE, que se aplicará también a las fábricas de Sabón (La Coruña) y Monzón (Huesca), afectaría a la totalidad de la plantilla.

La dirección de Prysmian Cable ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas objetivas derivadas del Covid-19, para toda la plantilla de Camargo, integrada por 163 trabajadores, que se aplicará, "según las necesidades", con carácter rotativo y hasta el 30 de julio, con un máximo de seis semanas por operario (42 días).

Dirección y comité de empresa han negociado durante estos días mejoras económicas y sociales, como un complemento salarial y el compromiso de mantener las pagas extras y las vacaciones. El sindicato CCOO, que preside el comité de empresa, ha firmado el ERTE una vez conseguidas estas mejoras, mientras que UGT no lo ha firmado.

La fábrica de cable de fibra óptica de Maliaño-Muriedas ha estado funcionando en todo momento con normalidad desde que se declaró el estado de alarma por la epidemia de coronavirus, dado que el sector de las telecomunicaciones es uno de los declarados esenciales.

Según han explicado fuentes del comité, su cartera de pedidos no se ha resentido, ni a nivel nacional ni internacional, ya que si bien los encargos han bajado en algunos productos y clientes, se ha compensando por otra parte. De tal forma, que la planta tiene buenas expectativas de trabajo para abril y mayo, aunque desde el comité precisan que el mercado de la fibra óptica es muy fluctuante.

Como en el resto de las empresas, los trabajadores que pueden desempeñar sus funciones desde casa han optado por el teletrabajo, y los que presentan condiciones de riesgo están de baja.

La plantilla tiene mascarillas, si bien las líneas de producción permiten mantener la distancia interpersonal de dos metros en un 90% del proceso, y sólo en algún momento puntual no es posible. Además, siguiendo las recomendaciones sanitarias para evitar contagios por Covid, se han organizado turnos escalonados para usar los comedores y zonas comunes como los vestuarios, y se ha aumentado la frecuencia del servicio de limpieza.

La dirección de la empresa Ferroatlántica, en Guarnizo -limítrofe con el término municipal de Camargo-, ha pactado con los sindicatos del comité de empresa el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que esta factoría aplicará en sus plantas de Galicia y Astillero por el incremento del coste energético aplicado a sus procesos productivos.

El acuerdo alcanzará a un máximo del 35% de la plantilla de ambas plantas y a un 40% de la jornada de cada empleado, recortes que se efectuarán de forma rotatoria entre toda la plantilla. En el caso de la planta cántabra el personal afectado llega hasta los 144 trabajadores aproximadamente, mientras que en el conjunto del país la cifra llega a algo más de 500, incluyendo adscritos a oficinas.

La duración se mantendría hasta febrero de 2021. Pero con algún matiz, porque la decisión no es definitiva en todos sus términos y estará vinculada a la evolución de los costes de energía durante el proceso previsto.

En principio el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa se enmarca en un escenario de máximos planteado -por ejemplo- si aquí si se apagaran dos de sus cinco hornos. Pero también sería prorrogable un año más si las partes lo acuerdan. En todo caso las 'cuentas' fijadas por la evolución de la factura energética y su impacto industrial serán claves.

El acuerdo también incluye aspectos vinculados a la formación (con 30 horas destinadas a ese capítulo), suplemento de prestación por desempleo hasta el 85% del salario bruto mensual, mantenimiento de pagas extras y vacaciones al 100%, comisión de seguimiento del proceso, etc.

Estaba previsto que este pasado miércoles el acuerdo fuera informado en asamblea a la plantilla.

El documento ha sido firmado por los sindicatos USO, CC.OO y UGT (que representan el 71% de la representación sindical), mientras que no ha contado con el apoyo de la Central Intersindical Gallega (CIG), que no se fía "de las garantías de empleo y producción ofrecidas por la dirección", según ha expresado.

La empresa Nestor Martin, ubicada en Maliaño (Camargo), podría presentar en el primer trimestre de 2015 un nuevo Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), según ha advertido este pasado lunes 23 el PSOE en el Parlamento de Cantabria. Precisamente, por ello, los socialistas han presentado en la Cámara regional una proposición no de ley para instar al Ejecutivo regional a "tomar las medidas necesarias para garantizar el futuro de la empresa y los puestos de trabajo salvaguardando las aportaciones de dinero público, préstamos, avales y participación accionariales efectuadas", una iniciativa que ha sido aprobada por unanimidad del Parlamento de Cantabria.

Finalmente, todos los grupos parlamentarios --PP, PSOE y PRC-- han apoyado la iniciativa a pesar de que los socialistas rechazaron una transaccional que el PP presentó para respaldar la propuesta y en la que pedía incluir al texto de la misma la expresión de "dentro del marco legal y el interés general".

El PSOE ha considerado un "insulto" la transaccional al entender que al ser una iniciativa de representantes políticos ya se da por hecho que lo que se propone es dentro del marco legal.

El diputado del PSOE Juan Guimerans y también el regionalista Rafael Pérez Tezanos han señalado al PP que en Nestor Martin, empresa que acogió a casi un centenar de trabajadores despedidos por Teka, el Gobierno de Cantabria ha comprometido 12 millones de euros, por lo que le han reclamado que garantice que ese dinero es "bien usado" y "recuperado". Además, le han pedido que garantice los puestos de trabajo y su "estabilidad".

   Guimerans ha recordado que los trabajadores de Nestor Martin están desde el pasado 31 de marzo en un ERTE hasta el 31 de julio y ha alertado de la posibilidad de que en el primer trimestre de 2015 pueda haber otro, aunque no sea de la misma duración.

 Por ello, el socialista, que se ha hecho eco de las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre los "problemas" de Nestor Martin, ha reclamado al Gobierno regional a que dé "tranquilidad" y garantice el futuro de la empresa, los puestos de trabajo y el dinero público.

El regionalista Rafael Pérez Tezanos ha advertido de que un voto negativo en contra de la iniciativa, algo que no se ha producido, podría "reavivar" las "dudas iniciales" del PRC sobre esta empresa y la participación del Ejecutivo.

 Por su parte, el diputado del PP Carlos Bedia ha acusado a la oposición de haber sembrado "dudas" e "insinuaciones" sobre la empresa desde que se instaló en Cantabria y acogió a parte de los trabajadores de Teka "gracias a las negociocenes auspiciadas por el Gobierno" regional.

 Bedia ha pedido a socialistas y regionalistas que estén "tranquilos" porque --ha garantizado-- el Gobierno regional "valará" por esa empresa --"y otras"--, "defenderá" los intereses públicos y el empleo.