Los sindicatos hacen pública una sentencia que condena al Ayuntamiento de Camargo a pagar 2.200 euros a una trabajadora municipal

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Santander ha vuelto a condenar al Ayuntamiento de Camargo al pago de 2.222 euros en concepto de deuda salarial con una empleada municipal, que demandó la compensación económica estipulada por el convenio colectivo por realizar trabajos superiores a su categoría profesional en el año 2013.

El fallo judicial considera probado que la demandante, trabajadora con la  categoría profesional de Subalterno y Notificador, “desempeñó el núcleo principal de la funciones de Auxiliar Administrativo de Recaudación como consecuencia de la ausencia por baja médica sucesiva y posterior declaración de incapacidad ” de dos compañeras de este último grupo profesional mencionado.

El Juzgado de lo Social puntualiza en su sentencia que “para tener derecho a retribuciones superiores por el desempeño de funciones de superior categoría dentro de la denominada movilidad funcional, se precisa que se acredite que efectivamente se está desempeñando funciones de una categoría superior, entendida esta expresión como la necesidad de realizar todas, la mayor parte, las fundamentales o el núcleo esencial de las mismas; y esto es lo que acontece en este supuesto”.

Los sindicatos del Ayuntamiento de Camargo, que han difundido hoy la sentencia del Juzgado de lo Social, han emitido un comunicado en el que resaltan “la profesionalidad de la mayoría de los técnicos municipales que, como en esta ocasión tal y como se recoge en la propia sentencia, han emitido sus informes escritos y verbales perfectamente ajustados a la realidad”.

“En otras ocasiones nos hemos visto obligados a criticar a una minoría de técnicos por sus informes, aunque en ésta su profesionalidad ha ayudado a resolver el caso y a hacer justicia con la trabajadora que ha promovido el proceso judicial”, agregan los sindicatos.

Las organizaciones sindicales representativas en el consistorio camargués insisten en su denuncia pública del “alto precio de la insistente y caprichosa judicialización de las cuestiones laborales, que el alcalde ha convertido en su mejor deporte, ocasionando unos gastos innecesarios que no se pagan con el dinero de su bolsillo sino con el de todos los camargueses”.

“No es admisible bajo ningún concepto que el alcalde de Camargo se niegue sistemáticamente a pagar lo que corresponde legalmente a sus trabajadores, ocasionándoles perjuicios y penurias, y más, cuando él mismo no se cansa de presentar informes que hablan de la estabilidad económica del Ayuntamiento”.