Pagazaurtundúa (UPYD) reclama a la CE información sobre la planta de asfaltado ecológico de Camargo

   La jefa de la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazautundúa, ha solicitado a la Comisión Europea información sobre los nuevos desarrollos en el expediente de infracción anunciado el pasado mes de abril por Bruselas respecto a las presuntas irregularidades en el uso de fondos europeos en el funcionamiento de la fábrica de asfalto de la empresa Copsesa en Camargo.

   El Ejecutivo comunitario informó en abril de este expediente en la respuesta a una pregunta parlamentaria remitida por la propia eurodiputada magenta, en la que daba cuenta del proceso judicial impulsado por la Fiscalía cántabra contra la empresa por presuntos delitos medioambientales y de prevaricación administrativa.

   Desde entonces, la Comisión no ha dado nuevas informaciones sobre las posibles irregularidades que iba a investigar, con el fin de saber si se han atentado contra los intereses financieros de la UE.

   Este caso se remonta a 2013, cuando en el marco de la convocatoria Life +, la Comisión decidió financiar, en Cantabria, el proyecto Greenroad, consistente en la implementación de un nuevo asfaltado ecológico desarrollado por la Universidad de Cantabria y la constructora Copsesa con el apoyo del Ayuntamiento de Santander. De los 1.302.303 euros que costaba, la UE aportaría 634.115 euros en 36 meses.

   Posteriormente, la Fiscalía de Cantabria denunció delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa contra el responsable de Copsesa y contra el director general de Innovación e Industria del Gobierno cántabro, por la actividad de la planta que la empresa tiene en Camargo. Resultado de ello, en diciembre pasado el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander abrió diligencias penales en relación con esta planta asfáltica.

   La también responsable de Regeneración Democrática y Participación Ciudadana de UPYD recalca en un comunicado de prensa que "es preciso arrojar toda la luz posible sobre estos casos, pues el mal uso de los fondos europeos afecta directamente a la vida de los ciudadanos y mina la credibilidad del Estado".