La Plataforma 'Fuente-Genoz' requiere al Parlamento y Gobierno regional, y al Ayuntamiento, que "se definan" sobre la línea de REE

La Plataforma Ciudadana 'Fuente Genoz' ha requerido al Gobierno y Parlamento regionales y al Ayuntamiento de Camargo que "se definan y actúen" respecto a la línea 220 kV Astillero-Cacicedo antes de que se generen "mayores daños". En la FOTO de esta noticia, sesión plenaria de esta legislatura en el Parlamento Regional.

El colectivo exige a las tres instituciones que defiendan los derechos e intereses generales, "no los particulares" del poder eléctrico, que den una respuesta pública "formal" a su denuncia, y que se abra un debate público "profundo" sobre este tema.

En un comunicado, la Plataforma destaca las "muchas personas" a las que afecta esta línea "en ilegal trámite desde hace ocho años", y que, a su juicio, muestra "el abuso de los que siempre abusan" y la "dejación" de quienes tendrían que impedirlo.

Por ello, recuerda, ha interpuesto un recurso de alzada contra la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, firmado también por colectivos y "cientos" de vecinos, y que se apoya en distintas "ilegalidades".

En concreto, señala que el expediente "está caducado", y se "han incumplido" el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, por falta de notificación/información a los interesados, y no se ha realizado, pese a su "peligrosa agresividad", Evaluación Ambiental, entre otras.

Tras presentar este recurso, el pasado el 6 de marzo la plataforma ha dirigido un escrito a los presidentes del Gobierno y del Parlamento de Cantabria, y a la alcaldesa de Camargo, recordando que en 1995 el Pleno de la entonces Asamblea Regional acordó de forma unánime instar al Ejecutivo a establecer corredores eléctricos para limitar los impactos de las líneas de alta tensión y las subestaciones con distancias mínimas respecto a los núcleos de población de 100 metros cada 100.000 voltios.

Un acuerdo cuyo "incumplimiento" es, a su juicio, "evidente" en el caso de la línea Astillero-Cacicedo, pese a sus muchos afectados y al riesgo que suponen ella y las subestaciones de transformación de sus cabeceras, que, según el citado acuerdo, debieran estar, al menos, a 220 metros de las viviendas más próximas.

Señala además que transcurridos 22 años y pese a la "sensibilidad" en temas medioambientales y que afecten a la salud, los políticos "no ponen atención y rigor legal" en la defensa de los afectados, la evaluación de los impactos, y la distancia entre estas infraestructuras de alta tensión y los núcleos de población.