La ex-secretaria del que fuera edil de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Camargo, Jimena González, ha asegurado en el juicio con jurado por las supuestas irregularidades en el banco de alimentos municipal que éste era gestionado por la Concejalía, y aunque ha admitido que en el reparto de septiembre de 2016 sobraron vales de comida, ha negado que ella -que participaba en el mismo como voluntaria- se los entregara a conocidos suyos o los usara en su beneficio, como sostienen la Fiscalía y el Consistorio.
La acusada declara en el juicio por las supuestas irregularidades de la Plataforma de Alimentos, y asegura que era gestionada por la Concejalía de Asuntos Sociales.
Por esta acusación, la entonces asesora y secretaria de Marcelo Campos (que fue expulsado de 'Ganemos', formación con la que había obtenido el acta de concejal en las Elecciones municipales, y después del equipo de gobierno local) se enfrenta a un año y medio de prisión por supuesta malversación de caudales públicos que pide la Fiscal, que imputa este delito a otro voluntario, como cómplice y para el que solicita seis meses de cárcel.
En su declaración ante el tribunal González ha manifestado que los tickets no se daban "al tuntún", sino conforme a un listado elaborado por técnicos de Servicios Sociales. Se trataba de una tarea que ella hacía como "voluntaria, fuera de mi horario de trabajo, hasta las diez de la noche", ha apostillado.
Ha añadido al respecto que en esa labor participaban los demás voluntarios -todos menos cuatro personas mayores que "no veían las letras"-. Y sobre los vales sobrantes, ha indicado que se dejaban en una carpeta en el Consistorio, concretamente en el despacho que ella compartía con el edil del área, y que "nadie cogió nunca" hasta que fue reclamada por la justicia: "Ahí estaban, cogiendo polvo".
Así, González -para quien la Fiscalía también pide multa de 3.600 euros y que indemnice a la administración local junto con el otro procesado- ha negado que entregara vales a este último. "Nunca. ¿Para que se los iba a dar yo si él era voluntario?", se ha planteado en respuesta a una pregunta de su abogado, al que ha señalado que tanto él como el resto de voluntarios tenían acceso a los tickets.
Y "todos" eran responsables del banco de alimentos, pues ella no tenía asignada "ninguna" función administrativa, de gestión o control. "Yo hacía una tarea de voluntaria. Yo no hacía tareas administrativas, ni para bien ni para mal. O controlo o no controlo. Yo asesoraba al concejal de Servicios Sociales", ha zanjado González, para indicar que la plataforma era una parte "pequeñita" de la Concejalía y que ella "no se encargaba de todo. No me daba tiempo"
Durante la vista, que ha arrancado con la constitución del jurado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la implicada a contestado a preguntas de todas las partes, a las que ha negado que le 'molestara' que sobraran vales, pues no era la responsable del área, sino que ella "seguía órdenes" del concejal.
A lo largo del interrogatorio ha explicado que empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Camargo en junio de 2015, tras las elecciones municipales de ese año. Primero, como asesora política de Marcelo Campos, responsable de Servicios Sociales y dependiente entonces del grupo Ganemos; y después, cuando él fue expulsado del partido, como secretaria del concejal, que era quien tomaba las decisiones, también las relacionadas con el banco, como las entregas de vales y comida.
Según ha relatado, cuando ella empezó a colaborar con la plataforma no había normativa o reglamento que regulara su funcionamiento, y el almacén de alimentos "estaba lleno de ratas y basura", ha apostillado.
REPARTOS DE ALIMENTOS
Ese año hubo un primer reparto, en noviembre, pero ella no participó porque estaba de "vacaciones". Para el siguiente, el de septiembre de 2016 y objeto de este juicio, cambiaron los voluntarios ya que se les obligó a hacer un curso en la materia, por lo que "era imposible elegir a dedo" a nadie.
González sabía cómo funcionaba el banco porque previamente había sido usuaria, y también porque le informaba y se lo explicaba Campos. Además, era la única colaboradora que en ese momento trabajaba en el Ayuntamiento, por lo que "a veces" se encargaba ella de los bonos y otras, el concejal.
De todos modos, ha remarcado que se entregaban conforme a un listado de Servicios Sociales vinculado a otro de Cruz Roja con las personas necesitadas de Camargo, para que adquirieran con ellos productos frescos -carne y pescado- en un centro comercial del municipio. "Ni Marcelo Campos ni yo podríamos modificar ni siquiera el teléfono", ha aseverado.
En esa lista aparecía el número de miembros de la unidad familiar y se establecía un máximo de cinco vales, por valor de 10 euros cada uno. Tope que según González el edil aumentó para dar un bono extra a quienes tuvieran hijos menores de 18 años, por lo que se incrementó la cantidad a 1.200 y la cuantía a 12.000 euros, montante reflejado en las correspondientes factura y partida presupuestaria.
"Yo no pinto nada", ha sentenciado al respecto González, para indicar que "una secretaria no puede firmar una factura", y agregar que, en total, era rubricada por seis personas, "incluida la alcaldesa" (el concejal, el jefe de servicio, el tesorero, el edil de Hacienda, el secretario del Ayuntamiento y la regidora, ha especificado).
En esa fecha, fueron avisados 384 beneficiarios del banco a los que, en teoría, correspondían unos 893 vales en función del número de miembros de la unidad familiar.
Cuestionada por entregas de más de seis vales por familia -hasta 20 en una misma compra según la Fiscalía-, Jimena González ha explicado que se hicieron a personas de etnia gitana que se juntaban para ir a canjearlos y hacer la compra en una misma furgoneta, según ha indicado. Y ha añadido al respecto que no tenían la obligación de presentar el DNI en el establecimiento donde podían adquirir los productos alimenticios.
Frente a ello, sí se exigía el documento de identidad y la firma del beneficiario para la entrega de los vales, proceso del que se encargaban cuatro voluntarios "como mínimo" y se apuntaba "siempre a mano", pues "no había listados impresos" y "se hacía a boli"
BARBACOA Y ENFADO
Por otro lado, y a propósito de la supuesta entrega de 30 vales que la acusada hizo al otro imputado para comprar carne y hacer en septiembre una barbacoa con sus hijos en el camping de Valderredible, Jimena González ha aseverado que fueron invitados por su partido -Ganemos- todos los voluntarios, aunque solo asistieron ellos dos.
Y en cualquier caso, "no se hizo ninguna barbacoa", ya que está "prohibido" en ese establecimiento. "Hicimos filetes a la plancha y perritos calientes" y cada uno llevó "lo suyo" y "de casa" además, ha zanjado.
Sobre su enemistad con el procesado, ha explicado que fue en octubre a raíz de la decisión de cambiar el bombín de la puerta de la nave donde se almacenaban los alimentos por robo, después de que faltaran "varias cajas". Según ha dicho, a partir de ese incidente el otro acusado "se enfadó" con ella y la amenazó con denunciarla, extremo que llevó a cabo en noviembre.
Este segundo acusado declarará en el juicio este martes, junto a parte de los testigos.
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