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Sobre la investigaci├│n de Ecomasa, 'Podemos' pide que se indemnice a los trabajadores y 'Ciudadanos' carga contra Ignacio Diego (PP)

Sobre la investigación de Ecomasa, 'Podemos' pide que se indemnice a los trabajadores y 'Ciudadanos' carga contra Ignacio Diego (PP)

Los partidos comienzan a hacer públicas sus consideraciones en torno a los resultados de la comisión de investigación creada para esclarecer lo ocurrido en Ecomasa, fallida tentativa empresarial dedicada a la fabricación de estufas que se instaló en la Cerrada de Maliaño y en el que se 'esfumaron' 18 millones de euros de dinero público. Entre los primeros en opinar, Podemos y Ciudadanos, a través de sus respectivos portavoces parlamentarios.

La formación morada, a través de su José Ramón Blanco, ha pedido que se indemnice a los trabajadores de Ecomasa el dinero que no hayan recibido aún del FOGASA.

Ciudadanos, a través de Rubén Gómez, señala a Ignacio Diego (PP) como máximo responsable político en sus conclusiones sobre Ecomasa y llama la atención sobre el “negligente control” del ICAF en toda la evaluación del proyecto.

NOTA: En la FOTO de archivo de esta noticia visita a la empresa 'Ecomasa-Nestor Martin' del entonces presidente del Gobierno regional Ignacio Diego, al mes justo de la puesta en marcha de la actividad productiva. Entonces nada parecía presagiar la suerte que finalmente correría la empresa y sus trabajadores

PODEMOS

Podemos quiere que se indemnice a los trabajadores de Ecomasa por un funcionamiento anormal de la administración y que se les abone el dinero que aún no ha obtenido a través del FOGASA, ya que se debe reconocer que los 3.289.719€ que fueron entregados por Teka provenían de las indemnizaciones de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa.

“Ellos no deben pagar por un plan de negocio que resultó ruinoso para ellos y para la Administración Regional, que ya ha asumido que es imposible recuperar buena parte de las inversiones”, ha explicado José Ramón Blanco quien ha hecho referencia al testimonio del presidente y secretario del Comité de Empresa “nunca tuvieron acceso a los informes de viabilidad entre otros de la empresa y que sólo aceptaron incorporarse al proyecto de Ecomasa por el aval del ex presidente Ignacio Diego y su Gobierno, que les aseguraron la viabilidad, presionados y apremiados para tomar esta decisión en dos días, por lo que deben devolverles su dinero”

Esta son dos de las primeras conclusiones de Podemos, que se derivan de la comisión de investigación sobre el caso Ecomasa-Néstor Martín que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria desde noviembre de 2016 y finalizará en mayo con la presentación de las conclusiones de todos los grupos parlamentarios.

Además, quieren que se analicen las responsabilidades de todo tipo que puedan tener Jorge Gómez de Cos, director general del ICAF, quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, “continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa”. Así mismo, también quieren que se depuren las responsabilidades que pudieran tener Eduardo Arasti, entonces consejero de Industria y Cristina Mazas, titular en esa época de la consejería de Economía, “responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria”.

También incluyen al entonces presidente, Ignacio Diego, promotor inicial del proyecto que dio luz verde al mismo y al que consideran responsable del fracaso del proyecto, responsable de autorizar y promover en un primer momento, un proyecto “basado en ilusiones y esperanzas hipotecando la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas”.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.

José Ramón Blanco ha indicado que esta comisión de investigación ha confirmado que la solicitud de avales en Ecomasa fue realizada ante la administración regional sin soporte documental suficiente, ni informe económico, ni estudio de aspectos técnicos, industriales y comerciales de un tercero, limitándose aportar un documento sobre garantías con incidencias, y una resolución que declaraba estratégica la operación. Además, en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de fecha 4 de octubre 2013 ya se detectaban “serios problemas en la consolidación del negocio, reducida liquidez y por tanto elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de pago de futuros derivados del contrato de Prestamos del ICAF"

Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el Concurso de Acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de “importantes” préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.

CIUDADANOS

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Rubén Gómez, ha criticado la “falta de competencia del Gobierno de Cantabria para controlar qué es lo que estaba pasando con Ecomasa” y ha puntualizado que “la máxima responsabilidad política acerca de esta operación recae sobre el que fuera entonces presidente de Cantabria”, el popular Ignacio Diego, y de los directores del ICAF y SODERCAN, puesto que “ellos estaban al frente de las negociaciones”

Gómez se ha referido a la “mala gestión” del Instituto de Finanzas (ICAF) en las conclusiones que ha registrado en el Parlamento de Cantabria tras la comisión de investigación que ha tenido lugar en relación a la quiebra de Ecomasa y ha llamado la atención acerca del “negligente control” de este organismo público “en todo lo que ha sido la evaluación del proyecto”.

“Cuando se dieron cuenta ya era muy tarde y, desgraciadamente, no había posibilidad de solución para la empresa”, ha puntualizado.

Asimismo, las conclusiones del portavoz parlamentario de Cs Cantabria han apuntado a la “carencia de controles por parte de la administración”, ya que “el informe de la intervención general  llegó a decir que ni siquiera existía la petición de aval por parte de los promotores de Ecomasa para que el ICAF lo otorgara”. En este sentido, ha subrayado que “uno de los principales problemas en todo el proceso ha sido la incomunicación total y absoluta entre las empresas publicas que han gestionado la operación”, en referencia a SODERCAN y el propio ICAF.

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Modificado por ├║ltima vez enJueves, 03 Mayo 2018 15:50
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