El Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander celebra este lunes, 25 de junio, el juicio contra el dueño de una empresa plásticos y piscinas ubicada en Muriedas por el fallecimiento de un trabajador de 54 años que cayó desde una altura de más de nueve metros, cuando se encontraba en la cubierta de la nave sin ningún tipo de medida de protección.

La Fiscalía ha solicitado un año y medio de prisión para el acusado, al que considera al gerente de la empresa autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con homicidio imprudente y para quien, además del año y medio de cárcel, solicita inhabilitación durante el mismo tiempo para el cargo de gerente o administrador de empresas de construcción.

En su escrito de acusación la Fiscalía también pide que indemnice a la viuda en 173.000 euros y en 50.000 euros a cada uno de los dos hijos, de 28 y 24 años en el momento del siniestro mortal, que ocurrió hace casi dos años, en septiembre de 2016. La familia, por su parte, eleva la petición de cárcel a dos años y medio.

El relato de hechos de la Fiscalía refleja que el accidente mortal se produjo cuando en el citado almacén se procedía a sustituir las placas deterioradas de poliéster de la cubierta por otras nuevas. La víctima "transitaba por la cubierta sin que se hubiera instalado medio de protección colectiva de ningún género, y sin hacer tampoco uso de los equipos de protección individual"

Al respecto, la Fiscalía señala que "no existían ni redes de protección, ni barandillas, ni línea de vida para anclar cinturones, ni arnés de ningún tipo". El fallecido se servía de tablones de encofrar que iba colocando hasta los puntos donde se encontraban las placas a sustituir y sobre los que iba pisando.

En el momento de la caída el operario, encargado de la empresa, se apoyó sobre una placa que no había cubierto con tablón a modo de pasarela, se rompió y se precipitó al vacío desde una altura de 9,2 metros, muriendo en el acto.

Un grupo de trabajadores de Ecomasa-Nestor Martin, la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) que se encuentra en fase de liquidación, han acudido este miércoles a los juzgados para recibir a los gestores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, citados como imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

En el momento que los dos empresarios cántabros llegaban a la sede judicial de Las Salesas --han entrado por la puerta de la avenida Pedro San Martín--, los trabajadores les han recibido al grito de "chorizos, devolvednos nuestro dinero".

   De esta forma, los operarios de Ecomasa les reclamaban los 3,2 millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka, que pusieron en esta empresa a cambio de ser subrrogados, y a los que se suman los 18 millones de dinero público aportados por el anterior Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y Sodercán.

   De León y Lavín estaban citados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander por la querella presentada el pasado mes de mayo por la abogada de los trabajadores, María Teresa Ortiz.

   Sus declaraciones estaban inicialmente fijadas para el pasado 21 de septiembre, pero se aplazaron a este miércoles debido a que ambos, que tenían una defensa conjunta, decidieron separar la representación de sus abogados.

   Esta querella, que se presentó cuando la empresa estaba en concurso de acreedores pero aún no había entrado en la fase de liquidación actual, se sustenta en cuatro presuntos hechos delictivos: un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y, otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.

   Precisamente por este último delito, en la jornada de este miércoles, además de De León y Lavín, estaba citada a declarar la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña.

   Aunque la hora fijada para el inicio de las declaraciones era las 10.15 horas, ésta se ha retrasado y no ha sido hasta las 10.45 horas cuando los imputados y testigos citados han comenzado a entrar al despacho de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo.

   El primero en declarar ha sido el vicepresidente del comité, que ha salido de los juzgados cerca de las 12.00 horas pero ha declinado hacer declaraciones a la prensa. Después, le ha tocado el turno de comparecer ante la jueza a la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo.

   La magistrada ha dejado a los antiguos gestores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, para el final. Sus declaraciones se prevén "largas" siempre y cuando contesten a las preguntas de todas las partes.

A LA QUERELLA SE SUMA LA DENUNCIA DEL GOBIERNO

   A la instrucción de esta querella de los trabajadores, se suma ahora la denuncia presentada la pasada semana por el Gobierno regional ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de políticos.

    La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, fue quien anuncio la presentación de esa denuncia después de que el Consejo de Gobierno analizase el pasado jueves el informe de la auditoria, encargada por Sodercán a la empresa Ernst&Young para "esclarecer cuál ha sido el destino de los 21,2 millones de euros de esta operación".

   El Gobierno quiere que se investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través del Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka y fueron contratados por Ecomasa.

 La Audiencia Provincial juzga hoy, lunes, a un hombre acusado de participar, junto a varios menores, en una paliza en las Fiestas de la Virgen del Carmen en Revilla (Camargo) de 2011, a otro individuo, que sufrió un corte en la cara y que le han dejado secuelas. Para el acusado la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel.

   Será juzgado por estos hechos, a partir de las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

   Según el escrito del fiscal, sobre las 3.00 horas del 16 de julio de 2011, durante la celebración de las Fiestas del Carmen se produjo un altercado entre el denunciante y un menor de edad en el transcurso del cual este ultimó amenazó al otro con una botella.

   A continuación, el grupo de amigos del citado menor, todos menores de edad a excepción del acusado, CA.Z.T, rodearon al denunciante y, "con ánimo de menoscabar su integridad física", comenzaron a golpearle en diversas partes del cuerpo, haciéndole caer al suelo.

   Mientras todos ellos lo sujetaban y golpeaban se aproximó un amigo del grupo que estaba participando en la pelea, y que no ha podido ser identificado, y le cortó en la cara con una botella rota, "retorciéndosela sobre el pómulo izquierdo". A continuación, todos los agresores huyeron del lugar.

   Por estos hechos, el denunciante sufrió una herida incisa en la parte izquierda de la cara que afectó a planos profundos --piel, músculo venas y rama bucal del nervio facial-- que precisó para sanar una intervención quirúrgica. Las lesiones tardaron en curar 74 días de los que 15 fueron impeditivos.

   Como secuelas, le quedó una cicatriz de 8 centímetros, que le provoca pinchazos en el pómulo y supone una alteración de la morfología de su cara. Además, tiene paresia de la rama bucal del nervio facial que le provoca dificultad en la movilidad del labio superior.

   Además de la pena de cárcel para CA.Z.T. como autor de un delito de lesiones, el fiscal reclama una indemnización de 30.000 euros para la víctima de la agresión por las heridas y secuelas.

   Solicita que se le prohíba comunicarse y acercarse durante seis años a menos de 300 metros de la víctima.

   Por su parte, la abogada del acusado solicita la libre absolución al considerar que su representado no intervino en ellos de la forma descrita por el fiscal y no es autor del delito que se le imputa ni de ningún otro.