El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves por unanimidad asumir la competencia relativa a la asistencia a las víctimas de violencia de género, que incluye asesoramiento y defensa jurídica.
El primer teniente de alcalde, Hector Lavín, que este miércoles ha presidido la reunión de la Junta Local de Seguridad, ha explicado que el número de víctimas de violencia de género en Camargo "se ha vuelto a estabilizar en 31", en la línea de los últimos cinco o seis años, después de un "repunte" en los últimos meses que se elevó hasta 42 y 43 víctimas, como consecuencia de "movimientos poblacionales". El concejal ha destacado que han "desaparecido por completo las víctimas de grado máximo de peligrosidad -las que requieren vigilancia continua-, y se han reducido sustancialmente las de grado medio".
Pese a la unanimidad, el PP ha mostrado su rechazo a que esa competencia la asuma el edil no adscrito Marcelo Campos, que está "en tela de juicio" por su gestión al frente de los Servicios Sociales. Así lo ha dicho el exalcalde y portavoz del PP, Diego Movellán, quien se ha referido a Marcelo Campos como "el peor concejal de Servicios Sociales de la historia de Camargo, y me atrevería a decir que de Cantabria", ha apostillado, a la vez que ha pedido a la alcaldesa, Esther Bolado, que "tome medidas". Movellán ha dicho que la prestación del servicio de atención a víctimas de violencia de género le genera "muchas dudas" que el concejal "ha sido incapaz de contestar", entre ellas el coste, que según ha dicho es de 24.000 euros más IVA.
El concejal de Servicios Sociales ha explicado que se trata de un precio estimativo de un servicio anual, calculado por los técnicos municipales porque era necesario para solicitar la competencia al Gobierno regional.
Todos los portavoces municipales excepto el PP han recalcado que lo que se aprueba en este Pleno es la aceptación de la competencia y que más tarde se estudiará cómo se presta. El portavoz de IU, Jorge Crespo, ha adelantado su rechazo a subcontratar el servicio.
El concejal de Servicios Sociales ha recalcado que los técnicos de Servicios Sociales no pueden dar asesoramiento jurídico a las víctimas.
La portavoz del PSOE y concejala de Educación, Jennifer Gómez, ha explicado que el Ayuntamiento de Camargo tiene "buenos recursos" pero "insuficientes" y ha destacado que la atención a las víctimas de violencia de género es "un servicio que demandan la Guardia Civil y la Policía Local y que se echa en falta desde el Juzgado de Violencia".
Por ello, ha explicado que el equipo de Gobierno ha apostado por recuperar el apoyo a las víctimas "desde la administración más cercana", porque la denuncia "ya es un paso difícil" y "la mayor parte de las veces" las víctimas "se pierden por el camino" antes de llegar a los recursos que ofrece la comunidad autónoma.
El edil de Izquierda Unida (IU), Jorge Crespo, también ha defendido la asunción de la competencia y la puesta en marcha de este servicio, al tiempo que ha asegurado que el Consistorio puede "aceptar competencias porque dispone de recursos para asumirlas".
La propuesta para que Camargo pueda ofrecer a las víctimas de violencia de género el servicio de asesoramiento y defensa jurídica e información, cuenta con los informes favorables del Gobierno de Cantabria en relación con los requisitos exigidos para el desarrollo de competencias no propias o delegadas, ya que el servicio que quiere prestar Camargo se enmarca en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.
El Pleno ha aprobado, por otra parte, con todos los votos a favor salvo la abstención del PP la modificación de la relación y valoración de puestos de trabajo del nuevo Servicio de Extinción de Incendios para incorporar una plaza de administrativo a tiempo parcial, y acogerse así a la "literalidad" de las actas de Inspección de Trabajo en lo relativo a las condiciones laborales y a las sucesivas sentencias judiciales. Así se especifica que la cobertura de los puestos de trabajo será realizada con carácter excepcional y temporal por personal laboral al objeto de proceder a la ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de fecha 22 de octubre de 2014 y, de la misma manera, que la valoración de los puestos de trabajo será aplicada al personal afectado por la ejecución de dicha sentencia desde el momento en que tomen posesión de su puesto de trabajo, con carácter de indefinido pero no fijo.
El concejal de Personal, Héctor Lavín, ha reiterado que los 16 voluntarios de la extinta agrupación de voluntarios de protección civil han pasado a ser personal laboral fijo por sentencia judicial y conforman la plantilla del parque de bomberos hasta que se convoquen las oposiciones, porque la categoría de bombero sólo la da una oposición por lo que una vez que se resuelva toda esta situación heredada que, según ha dicho, ha costado ya más de 600.000 euros a los contribuyentes, el Ayuntamiento llevará a cabo el proceso.
Ante las críticas del exalcalde, Diego Movellán, que ha acusado al equipo de Gobierno de actuar "a salto de mata, con improvisaciones y discrecionalidad", la alcaldesa , Esther Bolado ha reiterado su "convicción" de que “no sólo estamos haciendo lo correcto sino que estamos dando los pasos que hay que dar para crear nuestro propio parque de bomberos” y ha hecho hincapié en que “nadie” de quienes integran el Equipo de Gobierno va a “jugar” con “la seguridad de los ciudadanos”.
El portavoz del Grupo Socialista, Carlos González, ha indicado que si bien el servicio se inició con voluntarios fueron los cambios introducidos en la legislación en 2012 por el Gobierno de España del PP los que obligaron a municipios de más de 20.000 habitantes a disponer de este servicio, mientras que el concejal Marcelo Campos ha elogiado la labor realizada desde el Equipo de Gobierno debido a “la complejidad” del proceso.
El Concejal de Izquierda Unida de Camargo, Jorge Crespo, ha recordado su histórica petición para Camargo de un Servicio Municipal de Bomberos y ha apostado de nuevo por la convocatoria de oposiciones para culminar el proceso de creación del mismo.
El Pleno también ha aprobado por unanimidad las fiestas locales de 2017, de tal manera que el sábado 24 de junio se celebrará la festividad de San Juan, mientras que se trasladará al lunes 17 de julio la festividad de la Virgen del Carmen.
RUEGOS Y PREGUNTAS
En el apartado de ruegos y preguntas del Pleno el Partido Popular instó a la Alcaldesa a responder las preguntas pendientes del Pleno del pasado 29 de Agosto que quedaron sin responder y que hacen referencia a temas como el Plan de Autonomía Personal sobre el que Movellán preguntó los motivos por los que no se ha puesto en marcha. También solicitaron los motivos por los que se han paralizado las obras para evitar las filtraciones de aguas en los garajes de la Plaza de la Constitución (a lo que el Concejal Carlos González respondió que se está estudiando con el equipo técnico una nueva solución).
El PP solicitó además datos de ejecución del Programa de Comedores para las familias con pocos recursos (nº de beneficiarios, coste, forma de financiación, empresa adjudicataria del servicio, personas encargadas de la gestión).
El PP solicitó además información sobre los nombres de los responsables de la Plataforma de Alimentos de Camargo y si se había presentado alguna reclamación en relación al reparto del stock variable. El PP también preguntó si ha existido alguna advocación de funciones para la elección de responsables en los Consejos Escolares. Los populares se interesaron por las obras que se han llevado a cabo en el Barrio Las Canteras de Igollo (proyecto de ejecución, presupuesto) y por las gestiones para eliminar el vertedero incontrolado junto al Colegio Agapito Cagiga.
En cuanto a las preguntas nuevas el PP interpeló sobre los motivos por los que en la investigación reservada interna sobre la gestión de la Plataforma de Alimentos no están representados ni IU ni el PP ni los técnicos, o la técnica que mejor conoce la Plataforma de Alimentos que ha tratado el asunto durante los últimos años.
Los populares también preguntaron sobre los expedientes iniciados para el desalojo de viviendas en la calle Hermanos Torre Oruña y en la Avenida Santander “hemos conocido a través de los medios el inicio del expediente de estas viviendas que no es una regularización es un expediente –dijo Movellán-y me consta que usted se ha puesto en contacto con las familias para decirles que rompan la hoja”. En este sentido Movellán preguntó sobre los pasos dados desde la Alcaldía para paralizar el citado expediente.
Al respecto Esther Bolado explicó que su antecesor realizó el mismo proceso que este equipo de gobierno “porque está obligado por ley porque hay muchas viviendas municipales que muchas de ellas están ocupadas y hay que regularizarlo de alguna manera y estas cartas que se han enviado son un modelo estándar que se utiliza en cualquier parte de España que ocurre esto, lo ha hecho la oficiala mayor y es lo que había que hacer y usted también lo hizo e incluso siguió un paso más adelante y empezó un proceso judicial”.
Sobre el tema también ha hablado Héctor Lavín que ha citado el artículo 68.1 de la Ley Estatal 7/1985 e “las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y sus derechos” . Y le recriminó a Movellán que según consta en documentación en su poder “el único que ha firmado una orden de desalojo es Diego Movellán con fecha 16/08/2012”.
Al respecto Movellán insistió en que durante su mandato no se produjo ningún desahucio y citó a los anteriores alcaldes de Camargo diciendo “que todos ellos fueron sensibles a este tema”. Mientras que Lavín explicó que “este proceso se está haciendo porque si no hay una regularización esas viviendas que son del Ayuntamiento y de todos los vecinos podrían pasar a propiedad privada y las perdería el Consistorio y por eso se está haciendo lo que no se hizo antes”.
Por otra parte Izquierda Unida ha centrado sus preguntas sobre la Plataforma de Alimentos de Camargo sobre la que ha preguntado quienes son las personas que reparten los mismos si son voluntarios o hay algún responsable político o trabajador que se encargan de los mismos. Esta formación política también quiere saber cuándo se han hecho los repartos y cómo.
IU también se ha interesado por si la secretaria personal del Concejal de Servicios Sociales Marcelo Campos ha participado en los mismos y, quién se ha encargado de recoger las firmas para justificar los alimentos que se han entregado. Crespo además interpeló sobre lo que se hace con los excedentes de los alimentos, si ha habido alimentos que se han caducado o no, si se han tirado, si se han donado. IU preguntó también sobre el reparto de los bonos (quienes lo han hecho, cuando, a quién, si se han repartido los bonos o no, y los que no han ido a por ellos, donde están los inventarios de la recogida de bonos con las firmas).
Finalmente IU preguntó si algún trabajador ha gestionado recursos económicos en esta Plataforma así como las entrada, salidas , facturación, quienes han autorizado las compras, cómo y cuándo “la información que tengo os las trasladaré mañana”. A lo que respondió Bolado que “los mayores interesados en aclarar si supuestamente ha habido alguna irregularidad somos nosotros”. La Alcaldesa mostró su compromiso de facilitar la información lo antes posible.
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